La cultura del cupo femenino

Una vez más, ante la posibilidad de que el Congreso Nacional amplíe la legislación positiva sobre cuestiones de género, para promover la participación activa de la mujer en distintas instituciones de nuestra sociedad, escuchamos voces que se oponen.

Por caso, la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro) rechaza que se establezca un cupo femenino en los órganos de administración de las cooperativas. El argumento principal es que “imponer un cupo significaría, sin dudas, cercenar la libertad del asociado para elegir su representante en libertad, igualdad y sin ningún tipo de restricciones”.

Si al concepto del cupo, en su esencia, se le aplicase este criterio, habría que haber declarado inconstitucional la ley que en 1991 fijó en un 30 por ciento el porcentaje mínimo de candidatas mujeres que debían presentar las coaliciones y los partidos para cada elección legislativa. Por el contrario, tras casi 25 años de vigencia, ese piso acaba de modificarse y fue elevado al 50 por ciento.

La ley argentina del cupo femenino, además, ha mostrado el camino a casi toda América latina: más de 10 países la adoptaron. No puede decirse, entonces, que fijar un cupo de representación para la mujer implique cercenar la libertad del ciudadano para elegir a sus legisladores. Lo que sí puede argumentarse es que en numerosas instituciones aún no están dadas las condiciones materiales para que la paridad sea efectiva de un día para el otro. En esos casos, el proceso puede ser más gradual, aunque el objetivo último no cambie.

Esta es la nueva etapa que todos tenemos la obligación ética y democrática de promover en la cultura del cupo femenino. Si entendemos como cultura el conjunto de valores y saberes que conforman nuestra subjetividad, el lugar que otorguemos a la mujer en ese imaginario es clave.

El equilibrio entre hombres y mujeres debiera darse de forma espontánea en cada organización social que elige a sus representantes por el voto. Un sindicato, una asociación profesional, un consejo universitario, un centro de estudiantes. Pero sería necio suponer que la paridad puede establecerse por decreto de forma inmediata.

Tanto es el peso histórico de la primacía masculina en algunas organizaciones sociales que, incluso con la mejor voluntad posible, resultaría inviable en este momento. Y no sólo por razones ideológicas, sino también prácticas. Pero si entendemos que la realidad presente es un producto de la cultura y de la historia, ya tenemos los instrumentos para modificarla.

En cualquier caso, el objetivo debe ser el mismo: asegurarnos de que en un plazo razonable todas esas organizaciones cuenten con un equilibrio en materia de géneros en los cargos directivos.