Recolector de residuos condenado por un accidente contra una moto

General Pico (Redacción) – El proceso se inició por prevención policial, el día 1 de agosto de 2013, poco antes de las 8 cuando personal policial se dirigió a la intersección de calles 23 y 24, acorde lo solicitado por el comando radioeléctrico, debido a la colisión de una motocicleta marca Corven, modelo Mirage, cilindrada 110 y un camión Mercedes Benz, modelo 1215, conducido por Ramón Orlando Leguizamón.

En función del relevamiento y las posiciones finales de los vehículos, se estableció una dinámica siniestral, consideró que ambos rodados circulaban por calle 24, pero con sentidos opuestos. El camión transitaba entre calles 21 y 23, mientras que la motocicleta lo hacía desde calle 25 a 23 -ambos rodados transitaban por el carril de circulación permitido para cada uno de ellos-. Indicó que el camión antes de arribar a la intersección de calles 24 y 23 comenzó a realizar un giro para el lateral izquierdo, es decir buscando retomar por la calle 23 con sentido al cardinal Este.

La maniobra fue realizada ‘muy cerrada’, por lo que se consideró antirreglamentaria. Por su parte, la motocicleta había pasado la intersección en su totalidad, ubicándose la zona de impacto fuera de la misma. Se consideró que el rodado menor quedó ‘enganchado’ entre el camión y el estribo que tenía este en la parte trasera, siendo la motocicleta arrastrada hasta su posición final. Quedó establecido, a través de los peritajes, que la causa basal del accidente era atribuible al chofer del camión, por invadir el carril vehicular reservado a la circulación de la motocicleta que circulaba en sentido contrario e interponerse en la línea de marcha producto de una maniobra antirreglamentaria y técnicamente inadecuada.

Asimismo, aclaró que también existieron causas concurrentes, indicando que el conductor de la motocicleta circulaba en estado alcoholizado, el estribo que portaba el camión no estaba señalizado y las condiciones atmosféricas no eran las ideales. En oportunidad de la realización de los alegatos de clausura; la representante del Ministerio Público Fiscal, expresó que se encontraba probado el hecho investigado y la autoría del imputado en el mismo, considerando el hecho como lesiones graves culposas agravadas por haber sido ocasionadas por la conducción imprudente, negligente, inexperta y/o antirreglamentaria de un vehículo automotor.

La fiscal interviniente, Ivana Soledad Hernández, alegó por una condena a la pena de quince mil pesos de multa e inhabilitación especial para conducir todo tipo de vehículos a motor por el término de cuatro años. La defensa técnica del imputado Leguizamón, a cargo del doctor Martín solicitó la absolución del encartado. El juez, al fundamentar la condena, agregó las lesiones que sufrió Quispe que fueron de gran consideración: politraumatismo con pérdida de conocimiento por lo que estuvo con respirador, se le extirpó el bazo, se le colocó tubo de drenaje pleural izquierdo por neumotórax habiendo estado seis meses sin trabajar con sordera derecha, mareos, disminución del olfato y alteración del gusto.

Asimismo se le constató cicatriz xifopubiana por tratamiento médico, cicatrices de drenajes abdominales, cicatrices de drenaje de neumotórax izquierdo e hipoacusia, resultando posible y muy probable que las secuelas constatadas estén relacionadas con el accidente, siendo de carácter definitivo, el tiempo que demandó su curación fue mayor de treinta días, la vida corrió peligro, debiendo completar sus estudios con resonancia nuclear magnética funcional por las alteraciones del gusto y del olfato más una audiometría, como así también el control por neurólogo y otorrinolaringólogo.

Habiendo determinado la existencia del hecho, que el acusado fue el autor, y la figura penal aplicable, correspondió al juez aplicar la pena. “Tendré en cuenta como circunstancia agravante la magnitud de las lesiones padecidas por la víctima, mientras que como circunstancias atenuantes tendré en cuenta la falta de antecedentes condenatorios y contravencionales del acusado, y que la víctima conducía alcoholizada. Por tal motivo, partiendo de la base de que la pena de multa es de por sí menos gravosa que la de prisión, es que considero apropiado fijar la requerida por el M.P.F., es decir la pena de multa máxima de $ 15.000; mientras que respecto a la inhabilitación peticionada, habida cuenta que existen circunstancias atenuantes, no considero proporcional fijarla en el máximo como pidiera la fiscal, sino en el término de 3 años”, firmó el juez.