Causas de corrupción

La corrupción en la administración pública no surge por casualidad, tiene un origen y no queda otra posibilidad que atribuirla a la mala conducción del aparato estatal. Nunca dejó de haber este mal comportamiento en el aparato público, pero en la actualidad ha proliferado de manera alarmante.

Dos pueden ser las principales causas. La falta de una eficiente conducción gubernamental y la mala elección de los funcionarios ejecutivos, como resultado de lo cual es natural que tampoco haya una buena selección del personal operativo.

El buen trato fiscal es poco menos que inexistente, por más que haya imputaciones de cierta racionalidad. Como quiera que no gobierna un partido que tenga la requerida formación adecuada, en el aparato público no hay acierto en la elección del personal superior y menos se demuestra la inquietud por efectuar los ajustes que sean necesarios para evitar que se incurra en violaciones y avasallamientos de autoridad dentro del sistema gubernamental.

De ahí que en el último tiempo han aflorado los escándalos de corrupción en importantes instituciones públicas. Basta citar los casos de YPFB, Comibol, CNS y el Banco de la Unión. No se trata de organismos menores, sino de instituciones de primer orden.

Por una parte, porque les corresponde administrar cuantiosos fondos públicos y, en función de ello, tener elevada responsabilidad. Deplorablemente, en ambos campos se tiene falencias en cuanto al personal profesional y, como resultado, operativa y administrativamente no responde a la confianza y responsabilidad que debe poner de manifiesto.

Cuando se presentan estas carencias fundamentales, sea donde fuere, lo que prevalece es la incompetencia o la corrupción, y en casos extremos en ambas áreas.

A pesar de tenerse un régimen que gobierna al país desde hace once años, no se ha hecho las correcciones necesarias en estas materias, pese a que son de conocimiento público. Por tanto, desacredita toda su gestión administrativa.

A estas alturas, ya es inadmisible que prevalezca la indiferencia oficial ante tanta corrupción, a menos que sea parte consubstancial de su propia naturaleza. Esto explicaría la cooptación de los tres poderes del Estado en que ha incurrido, para que de una parte haya libertad de acción ilícita y, de otro lado, la justicia sea un aparato permisivo para los que detentan la gestión oficial y gocen de impunidad absoluta.

Empero la cuestión no queda en este punto. A modo de exteriorizar alguna autoridad, se procede a realizar detenciones aparatosas, sin previamente efectuar las investigaciones correspondientes. Como efecto de ello, se actúa sin la pertinencia del caso con una madre de edad avanzada.

Se la aprehende sin consideración humanitaria alguna. Si acaso tuviera siquiera un atisbo de culpabilidad, lo lógico sería advertirle y, si el caso ameritara, proceder a su detención domiciliaria, sin llegar a traumatizarla y menos vejarla, por esa su condición especial, hasta el extremo de llevarla a una celda policial. A una madre, con mayor razón si es de edad avanzada, hay que tratarla como merece, sin atropellarla y menos humillarla. Porque a las madres hay que tratarlas, siempre, como si fueran de todos.