CIDH condenó a Colombia por asesinato de activista Ana Teresa Yarce

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha condenado a Colombia por no haber tomado las medidas suficientes para proteger a las defensoras de Derechos Humanos en el país.

De acuerdo con la sentencia, la Corte consideró que todos los hechos de violencia cometidos contra cinco mujeres, se dieron por su condición de lideresas comunitarias y en un contexto de violencia contra las mujeres defensoras de derechos humanos que se tradujo en una situación de riesgo para ellas, sin que el Estado hubiera hecho algo para evitarlo.

En un comunicado, la CIDH ha señalado que Colombia es "responsable" por no evitar el asesinato de Ana Teresa Yarce, defensora en la Comuna 13 San Javier de Medellín, por no haber adoptado "medidas necesarias para atender la situación de desplazamiento de las defensoras de Derechos Humanos" y por "violar las garantías judiciales y el derecho a la protección judicial".

Yarce fue asesinada en 2004 después de haber interpuesto numerosas denuncias sobre su situación de riesgo sin que el Estado adoptara medidas para resguardar su vida, según el tribunal regional con sede en Costa Rica.
 
Estos hechos se remontan a 2002, en el marco de la 'Operación Orión', llevada a cabo para poner fin a la presencia de milicias urbanas de las guerrillas de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Ejército de Liberación Nacional (ELN) y Comandos Armados del Pueblo (CAP) en el contexto de un estado de excepción declarado por el entonces presidente, Álvaro Uribe.
 
La CIDH ha recordado que las defensoras involucradas, María del Socorro Mosquera Londoño, Mery del Socorro Naranjo Jiménez, Ana Teresa Yarce, Luz Dary Ospina Bastidas y Miryan Eugenia Rúa Figueroa, tres de ellas detenidas y una, asesinada, estaban "especialmente afectadas por el conflicto armado".
 
Según el fallo de la CIDH, las mujeres "eran víctimas de violencia habitual, generalizada y sistemática" y, en particular, las de esta comuna, que además de encontrarse en situación de riesgo estaban afectadas por el desplazamiento intraurbano.
 
Tres de ellas, Yarce, Mosquera y Naranjo, fueron detenidas en 2002 acusadas de colaborar con la guerrilla sin pruebas, aunque fueron liberadas casi diez días después. La CIDH ha señalado que esta detención fue ilegal y arbitraria.

En la noche del martes falleció una mujer de 23 años en el Hospital Departamental de Villavicencio.