Rajoy ofrece a la Generalitat negociar todo salvo la consulta secesionista

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Puigdemont avisa al Gobierno de que el "diálogo" debe incluir el referéndum

El Gobierno afronta la nueva legislatura en minoría con disposición al diálogo. En el caso de Cataluña, con un límite: no hay nada que hablar respecto a la exigencia de celebrar un referéndum de autodeterminación. La vicepresidenta y ministra de Administraciones Territoriales no dejó ayer ninguna duda al respecto. Sobre las 46 demandas presentadas hace un año por Carles Puigdemont a Mariano Rajoy, el Ejecutivo está abierto a la negociación de todas ellas. Dice al paquete completo con una salvedad: nada se puede dialogar en relación con la aspiración de independencia. No ha lugar a abrir en el Congreso una comisión de trabajo que dirima en tres meses sobre el derecho a decidir, como reclama el portavoz de PDCat (antigua Convergència) y, a la postre de la Generalitat, Francesc Homs.

En Moncloa son conscientes de que el debate catalán condiciona el trabajo del Gobierno. Es como una china en el zapato que aprieta en cada negociación: desde los Presupuestos para 2017 hasta la hipótesis, muy improbable, de acceder a la demanda mayoritaria de abrir una ponencia que estudie posibles cambios en la Constitución. El Gobierno está dispuesto, hoy por hoy, a sentarse con los representantes catalanes a dialogar sobre todo menos de las aspiraciones de independencia. Ahí el terreno está definitivamente vetado.

«Ustedes alegan la ley para limitar la democracia y nosotros alegamos la democracia para cambiar la ley», defendió ayer Homs en el pleno del Congreso en un intento de atraer hacia su terreno a un Ejecutivo que se mantiene inaccesible.

Cataluña no tiene intención de rebajar sus demandas y el Gobierno de Rajoy no tiene voluntad de aceptar una negociación más allá de, como precisó Santamaría, aquellas cuestiones que afecten a la vida diaria de los catalanes. Y entiéndase con ello el contenido de 45 de las 46 peticiones que trajo a Madrid el presidente Puigdemont, el pasado mes de abril.

No hay espacio pues para un «reconocimiento sentimental» de las singularidades catalanas como ha llegado a sugerir el ministro de Justicia en círculos restringidos. Las nacionalidades ya están admitidas en el texto constitucional, pero de ahí a considerar que las mismas tengan efectos jurídicos, que sólo se reconocen a los Estados, o impliquen privilegios sobre el resto de los territorios que conforman el mapa español va un trecho que el Ejecutivo de Rajoy no está dispuesto a transitar.

Financiación, márgenes de cumplimiento presupuestario, inversiones, infraestructuras... todo eso está sobre la mesa del Gobierno, según Santamaría, para quien esas cuestiones son las que afectan a la vida de los 7,5 millones de catalanes que, como el resto de españoles, son responsabilidad del Ejecutivo central.

No cabe en la filosofía gubernamental el planteamiento, ayer explicitado por Homs, de mantener el principio de «referéndum sí o sí» porque es lo mismo que «defender democracia», frente al «referéndum no o no» que implica negarla. Para el Gobierno los límites están claramente establecidos en la Constitución cuando estipula que la soberanía nacional corresponde al pueblo español. En su totalidad y sin posibilidad de trocearse.

Para Rajoy es intrascendente que Puigdemont endulce sus demandas apuntando su disposición a aceptar que el Gobierno decida sobre la fecha del hipotético referéndum, las condiciones de su celebración, el texto de la pregunta a plantear, el porcentaje de resultados que validaría la respuesta e incluso el compromiso de implementarla.

La negativa a una consulta de tintes secesionistas entre los catalanes es rotunda y no admite matices por parte del PP que espera, a su vez, un respaldo sin fisuras del primer partido de la oposición. «Espero que ustedes», dijo ayer Santamaría dirigiéndose a los socialistas, «se mantengan en el mismo lado, en el de la defensa del marco constitucional».

En cualquier caso, la vicepresidenta, que hoy mismo dirigirá junto al ministro de Hacienda la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, abrió la puerta a todas las demás demandas catalanas. A «lo tangible», puntualizó.

Así, en política fiscal y financiera, aseguró que se permitirá una «mayor amplitud» en el cumplimiento de la senda de consolidación fiscal y se facilitarán mecanismos de financiación para cubrir el déficit autorizado.

En materia de infraestructuras se impulsará el Corredor Mediterráneo para el que ya han empezado las obras del tercer carril entre Castellbisbal, Barcelona, Tarragona y Vilaseca, al mismo tiempo que se compromete la circulación de trenes en pruebas en el tramo Vandellós-Tarragona para fin de 2017. Además, se han firmado los convenios para el acceso ferroviario al puerto de Barcelona y se han iniciado las obras de la lanzadera ferroviaria al aeropuerto de El Prat con una inversión de 272 millones de euros.

A todo ello añadió la tramitación de un modificado al acceso viario al puerto de Barcelona; el cuarto cinturón de la ciudad; el desdoblamiento de la Nacional II y las rodalíes. En relación con la política energética, Santamaría recordó que ninguno de los artículos de la ley de la Generalitat para paliar la pobreza energética ha sido recurrido, de manera que Cataluña puede hacer en este terreno «toda la política que quiera».

Y, finalmente, en el apartado de conflictividad institucional, ofreció a Homs abrir un diálogo para resolver disputas retirándolas del terreno judicial. Así, recordó que ella misma con Raül Romeva, a base de diálogo, han resuelto el 40% de los litigios entre el Estado y Cataluña. «Si ustedes quieren», dijo, «sentémonos y pasemos del 40% al 60% o a lo que haga falta».

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Fuente: EL MUNDO