Clubes españoles imponen cláusulas antiembarazo a las jugadoras

La portera de fútbol Mariajo Pons y la ex jugadora de balonmano Begoña Fernández, internacionales, reconocen haber tenido cláusulas antiembarazo

Ilegales, se equiparan en los contratos a conductas indecorosas y hasta a dopaje

A la pregunta de si tiene usted una cláusula antiembarazo, la respuesta casi unánime es el silencio. El miedo a perder una oportunidad ha llevado a muchas deportistas, jugadoras vinculadas a clubes, a firmar contratos ilegales. La omertà impide que salgan a la luz. Son cláusulas habituales las que se realizan a las deportistas más jóvenes, con una carrera por desarrollar y mayor desconocimiento de sus derechos. Les sucedió a Mariajo Pons, portera de fútbol, o a Begoña Fernández, internacional de balonmano hasta su retirada, el pasado año, después de presenciar hechos como el siguiente: «Vi cómo en uno de mis equipos, una chica muy joven era despedida por quedarse embarazada. Se fue a casa, se deprimió, tuvo un aborto y a los pocos días la volvieron a llamar para ofrecerle de nuevo el contrato. Eso sólo tiene un calificativo: despreciable».

En numerosos casos los contratos están firmados también por los representantes, en lo que puede entenderse como una actitud connivente. El embarazo se encuentra entre los supuestos que provocan una resolución unilateral del contrato, a menudo junto a los positivos por dopaje, la práctica de deportes de riesgo o la conducta indecorosa. En algunos de ellos se explicita, además, que no darán derecho a indemnización.

María José López González, abogada, fue una de las primeras voces que alertó acerca de esta práctica, debida a la falta de un marco normativo para el deporte femenino, ya que, según la Ley del Deporte, no se trata de una práctica profesional. «Fue por casualidad. Dos jugadoras de baloncesto, de clubes importantes, me llamaron para efectuar unas reclamaciones por impago de fichas. Les dije que me dieran los contratos para ver qué se podía reclamar, y entonces las descubrí», explica.

«Son cláusulas nulas de pleno derecho, ya sea por lo que dice la Constitución, el Estatuto de los Trabajadores o cualquiera de los textos legales internacionales», continúa López González, para la que, a pesar de la falta de marco normativo, está claro que se produce una relación laboral. De esa forma lo argumentó para obtener una sentencia favorable en el caso de las jugadoras del Rayo Vallecano.

Mariajo Pons, de 32 años, es actualmente portera en el Zaragoza. «Hace años tuve esa cláusula en el contrato con un club español», asegura. Aunque no quiere revelar el nombre, Sabadell, Barcelona, Levante, Espanyol y Valencia fueron sus equipos antes del Zaragoza. «El embarazo estaba junto a otras causas por las que podía quedar sin efecto el contrato, como hacer deportes de riesgo o incumplir normas de tipo disciplinario», explica esta jugadora que llegó a ser internacional sub'19 y absoluta.

«Creo que ahora no es tan común, pero las chicas, en general, no quieren hablar. Estamos ya en la AFE, es cierto, pero nos queda mucho por recorrer. Los chicos tienen fuerza; nosotras, nada. Al menos, ahora obligan a los clubes a darnos de alta en la Seguridad Social. Antes, ni eso», añade Mariajo, que puede llegar a «entender el temor de los equipos por perder jugadoras, pero no a costa de hacer cosas ilegales».

«Pues yo creo que he tenido esas cláusulas en buena parte de los clubes en los que he jugado», replica Begoña Fernández. «Se estila bastante -añade la ex jugadora de balonmano-, sobre todo con las más jóvenes. ¿Por qué las firmamos? Porque lo que deseas es jugar a toda costa y no controlas estas cosas».

Para la abogada López González, «el problema no son ellas, sino la tutela que la Administración debe ejercer, y en la que ha habido algo de dejación». En el caso de los deportes no profesionales, cuyos actores no se regulan por el Decreto 1.006, esa tutela corresponde a las federaciones nacionales si toman parte en competiciones de ámbito estatal, y al Consejo Superior de Deportes (CSD). «Yo alerté en su momento al CSD», insiste la jurista.

En su etapa como directora de Deportes del CSD, Ana Muñoz contactó con jugadoras de baloncesto afectadas con la voluntad de iniciar las acciones pertinentes, pero éstas no quisieron entregarle los contratos por miedo a las represalias de sus clubes. Ana Muñoz abandonó posteriormente el CSD, en mitad del conflicto por los derechos de imagen de Carolina Marín, en el que se puso de parte de la jugadora, frente a la posición del organismo, más próxima a la Federación Española de Bádminton.

Leopoldo Ibáñez, presidente del Universitario Ferrol, club de la Liga femenina, ha reconocido que una de las jugadoras extranjeras del equipo tiene la cláusula antiembarazo, aunque en este caso se trata de un contrato-tipo que impuso su representante. «En varios de los contratos que yo vi pasaba eso. Estaban firmados por tres partes, jugadora, club y agente. Me pregunto qué intereses defienden esos intermediarios», concluye, indignada, López González.

«Me tendría que haber ido a Dinamarca, donde me ofrecieron un contrato que incluía la posibilidad de ser madre», finaliza Begoña. En España, lo tenía prohibido.

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Fuente: EL MUNDO