La empresa pública Mercasa pagó sobornos por obras en Angola

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Un directivo del consorcio público-privado dirigido por la empresa estatal Mercasa denunció en 2010 que se estaba sobornando a funcionarios del Gobierno angoleño por obras en el país africano. Según ha podido saber EL MUNDO de fuentes internas de la sociedad pública, perteneciente a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (Sepi), este alto cargo denunció corrupción a la cúpula del consorcio.

Las presuntas mordidas se pagaban a funcionarios angoleños dependientes del Ministerio de Comercio para agilizar incidencias del contrato en Angola. Ese contrato consistía en la construcción de un mercado de abastos, la especialidad de la empresa pública Mercasa. El contrato empezó en 215 millones de dólares, aunque posteriormente se incrementó hasta 285.

Según las denuncias, el intermediario que pagaba a los angoleños era Guilherme Taveira Pinto, el fugitivo del caso Defex al que buscan Interpol y la Audiencia Nacional por el robo de 60 millones de euros. Este comisionista está en busca y captura por la trama de corrupción relacionada con Defex, la empresa pública española dedicada a la exportación de armas. Este periódico lo localizó en Luanda, la capital de Angola, hace dos meses.

Taveira, además de conseguidor y presunto sobornador para Defex, ha estado trabajando durante años como intermediario para Mercasa.

El directivo que realizó las denuncias afirmó que los fondos de Mercasa eran gestionados por Taveira de forma opaca. La cuenta corriente con la que trabajaba el consorcio de Mercasa en Angola pertenecía a Sonadi, la empresa de Taveira. Todos los fondos de este proyecto, pagados con dinero público angoleño pero financiados con fondos de ayuda al desarrollo y cubiertos con seguros Cesce (la empresa pública española de seguros de crédito a la exportación), pasaban por las manos del fugitivo y estaban controlados por él.

Eso provocó situaciones como la desaparición sin explicaciones de un millón de kwanzas (la moneda angoleña) en septiembre de 2011, o facturaciones sin apenas justificación emitidas por la empresa de Taveira a este consorcio público-privado. También se llamó la atención sobre presuntas facturaciones infladas, que aumentaban entre un 5 y un 10% el gasto original.

Además, se denunció también que el fugitivo bloqueaba y desbloqueaba a su gusto el proyecto, gracias a sus contactos en el organismo angoleño que autorizaba las obras, denominado Presild, dependiente del Ministerio de Comercio.

El consorcio de Mercasa ha negado terminantemente que dichas denuncias se hayan producido.

Taveira le cobraba al consorcio 10.000 dólares mensuales por darle apoyo en Angola a través de Sonadi, en lo que se conocen como labores de back office. Y además tenía asignadas cantidades anuales para hacer pagos, donde se habrían podido encubrir los sobrecostes. Aparte del sueldo y los gastos, durante sus años de trabajo para el consorcio público-privado Taveira ganó al menos dos millones de dólares en comisiones.

Según las denuncias que se recibieron en el seno de la empresa pública Mercasa, en la propia cúpula del consorcio había protectores de Taveira. Los intentos de levantar una estructura propia del consorcio en Angola al margen de Sonadi sufrieron, así, continuos retrasos por falta de aprobación por parte de la cúpula. Finalmente, la desconfianza entre las partes provocó el despido del directivo, que trabajó para la sociedad hasta 2011. Además, se desmontó la estructura que se había creado al margen de Taveira para volver a ponerle a él en cabeza del proyecto a nivel local.

Los negocios de este consorcio público-privado incluyen otras operaciones sospechosas, como el intento de cobrar una comisión por parte de José Herrero -sobrino del empresario Ignacio López del Hierro, marido desde 2009 de la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal- a través de una empresa instrumental en Panamá.

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Fuente: EL MUNDO