La Fiscalía ordena interrogar a los alcaldes del 1-O y detenerlos si no comparecen

La Fiscalía General del Estado ha ordenado tomar declaración como imputados a todos los alcaldes que se han ofrecido a participar en el referéndum del 1 de octubre. Los alcaldes deberán comparecer en las correspondientes sedes de la Fiscalía para ser interrogados por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de fondos públicos [lea la orden en PDF].

El fiscal general, José Manuel Maza, señala que si los alcaldes convocados se niegan a comparecer se ordenará su "detención y presentación en Fiscalía " para tomarles declaración. Esa detención deberá ser practicada "en el plazo más breve posible" por los Mossos d'Esquadra.

La Fiscalía explica que, según los datos recopilados por la Asociación de Municipios por la Independencia, hasta ayer se habían adherido al 1-O un total de 712 localidades. La instrucción del fiscal general precisa que las diligencias abiertas por la Fiscalía darán "preferencia" a los municipios de mayor población.

La instrucción de Maza va dirigida a los cuatro fiscales jefe provinciales de Barcelona, Tarragona, Lérida y Gerona. Será en la sede de esas Fiscalías donde se cite a los alcaldes, salvo allí donde se hayan creado Fiscalías de Área, que se encargarán de gestionar los respectivos municipios.

En concreto, el documento de la Fiscalía General dice que "se proceda a incoar diligencias de investigación, en relación con cada uno de los Ayuntamientos radicados en la respectiva Fiscalía [...] y se cite, por medio de la Policía Judicial, al Alcalde, para que en relación con los presuntos actos de cooperación en la organización del referéndum ilegal declare en calidad de investigado y asistido de Letrado".

Si el alcalde citado no compareciera, Maza ordena "acordar su detención y presentación en Fiscalía, oficiando a los Mossos d'Esquadra como Policía Judicial para que la lleven a efecto en el plazo más breve posible".

Antes de ordenar a los fiscales provinciales que pongan en marcha los interrogatorios, el escrito del fiscal general expone las distintas resoluciones del TC suspendiendo la celebración del referéndum. Y resalta que "entre los destinatarios" de la resolución que el 7 de septiembre suspendió la ley de medidas complementarias necesarias para el 1-O se encontraban "los alcaldes de todos los municipios de Cataluña".

El escrito añade que "la notoriedad de la prohibición" de actos dirigidos al 1-O "hace que cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o de particulares en connivencia con los anteriores dirigida a tal fin" sea indiciariamente constitutiva de tres delitos. El de desobediencia, porque "supondía un incumplimiento manifiesto de las resoluciones del TC"; el de prevaricación, "en cuanto supondría la adopción de resoluciones abiertamente contrarias al ordenamiento jurídico"; y el de malversación de caudales públicos, porque implicaría "la disposición de fondos públicos para la realización de actividades delictivas".

En los tres supuestos, el fiscal recuerda las penas que acompañan a los delitos: multa e inhabilitación el primero, inhabilitación el segundo y cárcel e inhabilitación el tercero. En el supuesto de la malversación, el más grave de los tres, precisa incluso la extensión de las penas a imponer, que serían de hasta ocho años de cárcel y hasta 20 de inhabilitación.