El Gobierno rebaja tres décimas el crecimiento por la crisis de Cataluña

La prolongación del pulso independentista que mantiene la Generalitat con el Gobierno ha tiznado las perspectivas de la economía española para el año que viene, en lo que parece ser la confirmación definitiva de la desaceleración de la actividad. El Ejecutivo mandó este lunes a altas horas de la noche el plan presupuestario prorrogado de 2018 a la Comisión Europea, el llamado «draft budgetary plan». En el documento, de casi cincuenta páginas, el Gobierno empeora sus previsiones de avance del Producto Interior Bruto, de déficit público y empleo para el próximo año por la crisis catalana y la prórroga de las cuentas. De esta forma, a los ojos del Gobierno la economía crecerá este año un 3,1% este año -una décima más que lo estimado en julio, cuando presentó su último cuador macroeconómico-. Las cifras mejoran de manera generalizada para este año, pero empeoran en el siguiente. En 2018 el PIB repuntará un 2,3%, tres décimas menos que en las anteriores previsiones y por debajo de las estimaciones del FMI, que auguraba un 2,5%. El Ejecutivo achaca en su informe a Bruselas que la causa de esta desaceleración mayor recae en la crisis independentista de Cataluña y en la inestabilidad política generada que impiden aprobar las cuentas para el próximo año. El Gobierno cree que la tensión en la región lastrará a la inversión empresarial y al consumo, lo que explica este mayor pesimismo en sus previsiones. «La desaceleración refleja la moderación del ciclo económico, que recogen las previsiones de los principales organismos nacionales e internacionales, pero también una ligera contención de la demanda interna, resultado del impacto negativo derivado de la incertidumbre asociada a la actual situación política en Cataluña y de la ausencia de un instrumento básico de política económica como son los Presupuestos Generales del Estado», desgrana el Gobierno en el informe. De esta forma, el plan presupuestario prorrogado calcula la evolución de los principales indicadores en base de un supuesto de que no se produce cambio político alguno. El empeoramiento económico para el año que viene tiñe todas las estimaciones del Ejecutivo, sin embargo. La demanda nacional, que suma inversión y consumo, es la principal afectada por la tensión en Cataluña y a la misma se atribuyen cuatro décimas menos de crecimiento: de pasar a aportar un 2,2%, ahora lo hace un 1,8%. En contraprestación, al haber menor consumo -pasa de crecer un 2,4% en las anteriores previsiones para 2018 a hacerlo solo un 1,8%-, hay menos compras al extranjero y el sector exterior contribuye 0,5 décimas, una más que en las anteriores previsiones. Para este año, también reduce en una décima la aportación de la demanda interna y la sube en dos para el sector exterior ante el tono favorable de las exportaciones. Menor consumo y menos inversión es sinónimo de menor empleo. El Ejecutivo mejora su previsión de empleo para este año, al calcular que el paro bajará al 17,2%, dos décimas menos que antes, pero el próximo año el desempleo caerá a menor velocidad de lo previsto en un inicio: en lugar de cerrar en el 15,4%, estará en el 15,5%. Asimismo, en lugar de crear 503.000 empleos en 2018, se generarán 425.000 puestos, según las previsiones enviadas ayer: 78.000 puestos de trabajo menos respecto a las anteriores estimaciones, en definitiva. Amenaza independentista El propio ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, tildó este lunes, antes de presidir la presentación del libro sobre la historia de «El Economista», de «muy perjudicial» para la continuidad de la recuperación económica el desafío independentista de la Generalitat. En sus palabras, la conducta del Govern constituye una «amenaza» para el empleo de los catalanes, y si persiste «se van a empobrecer». El Gobierno debe enviar cada año, para el 15 de octubre, su plan presupuestario para el año que viene. Como este año aún no ha presentado su borrador de cuentas, ante la falta de apoyo del PNV ante la eclosión de las tensiones con Cataluña, debe remitir un plan prorrogado de las cuentas de 2017, con una actualización de sus previsiones económicas a futuro. Ya el año pasado, cuando para estas fechas no se había formado ni Gobierno, el Ejecutivo entonces en funciones mandó un plan prorrogado a Bruselas. Pese a ello, el Ejecutivo aclara que su plan es aprobar los Presupuestos cuanto antes. Hasta entonces, sus previsiones de déficit público también suben: del 2,2% que preveía en julio se pasa a un 2,3%, una décima más. El Gobierno atribuye este empeoramiento al comportamiento menos positivo de la actividad y a la propia prórroga de las cuentas, que le impide adoptar las medidas correspondientes para asegurar el cumplimiento. Esta décima de aumento redunda en un mayor desequilibrio de la Administración central para 2018 -su previsión pasa del 0,7% al 0,8%- mientras que en el resto de subsectores públicos nada cambia: las comunidades tienen un objetivo del 0,4%, la Seguridad Social del 1,1% y las corporaciones locales deben cerrar con equilibrio presupuestario. No obstante, pese a que las comunidades mantienen el mismo objetivo, contarán con 4.020 millones menos si no hay nuevos Presupuestos: el resultado de no actualizar sus entregas a cuenta del sistema de financiación. El Ejecutivo podría aprobar esta revisión de forma independiente pero así eleva la presión política para recabar apoyos. En cualquier modo, el objetivo del 3,1% para este año no está en riesgo, según asegura el Ejecutivo. Como fuere, el Gobierno asevera a la Comisión Europea que aprobará los Presupuestos a la mayor brevedad posible. Curiosamente, la prórroga de las cuentas posterga la rebaja fiscal de IRPF apalabrada con Ciudadanos y congela el gasto para el siguiente ejercicio, lo que en principio ayuda a bajar el déficit. El Ejecutivo detalla que las ocho décimas de reducción del 3,1% al 2,3% se deberán así a la coyuntura económica. El ciclo de tasas de crecimiento cada vez mayores de la economía española ha quedado atrás. La rebaja de IRPF para 2018 queda en el aire - ABC El escenario con los Presupuestos prorrogados ¿Por qué se prorrogan los Presupuestos? La tensión entre la Generalitat y el Gobierno provocó que el PNV retirara su apoyo a las cuentas de 2018, pese a haber votado a favor del techo de gasto hace unos meses. Al no contar con el sustento parlamentario suficiente y ante la prolongación de la crisis catalana, el Ejecutivo ha optado por no presentarlos. Por cuestión de tiempo -debían llegar al Congreso antes del 30 de septiembre para entrar en vigor a principios del próximo año-, el Gobierno deberá prorrogar las cuentas de 2017 cuando arranque el ejercicio. Debido a ello, y como ya hizo el año pasado, le ha remitido a Bruselas un plan presupuestario prorrogado del anterior año con algunos cambios: cada año el Ejecutivo debe informar el 15 de octubre a Bruselas de sus cuentas. ¿Tiene alguna implicación? Sí. La prórroga implica que las medidas que incluían los Presupuestos de 2018 ya no entrarán en vigor cuando arranque el próximo año. Es el caso de la rebaja de IRPF a los que ganan menos de 17.500 euros. Tampoco se elevará el permiso de paternidad una semana más ni se bajará el IVA a las entradas de cine del 21% al 10%. Además, los trabajadores por cuenta propia se quedan sin tarifa plana ni muchas de las medidas que incluye la Ley de Autónomos. Los funcionarios tampoco tendrán una subida de sueldo de hasta el 2%. El Gobierno aprobará, eso sí, la revalorización de las pensiones del 0,25%. ¿Cómo se articula este efecto en el caso de la rebaja fiscal? En la bajada de IRPF a los que ganan entre 12.000 y 17.500 euros, las retenciones en las nóminas se mantendrían como hasta ahora y cambiarían en el momento en el que se aprobaran los Presupuestos y con ella, la rebaja, reduciéndose en lo que queda de año para paliar lo cobrado de más en los meses anteriores. El resto se devolvería en la declaración de la Renta de 2018, presentada en 2019. Para los colectivos beneficiados por el impuesto negativo en el IRPF no habría impacto, ya que se pide en la declaración de la renta. ¿Qué efecto tiene para las comunidades? Las comunidades recibirán 4.020 millones menos de lo que incluirían las entregas a cuenta actualizadas de los Presupuestos, algo que ya ocurrió este año hasta julio.