El Supremo da el primer paso para asumir toda la investigación sobre la rebelión independentista

El juez del Tribunal Supremo que investiga a los miembros de la Mesa del Parlament por rebelión ha dado el primer caso para asumir también la investigación de la Audiencia Nacional que afecta al Govern destituido y a los líderes de ANC y Òmnium.

El magistrado Pablo Llarena ha pedido a la juez de la Audiencia Carmen Lamela que le remita un informe sobre los hechos que ella investiga, así como sobre los "aspectos procesales e investigativos" de la causa por rebelión contra los ex consellers y la de sedición contra Jordi Cuixart y Jordi Sànchez.

En la resolución dictada este martes, el magistrado indica que Lamela debe pedir a las partes personadas en sus procedimientos su parecer sobre la eventual acumulación de los procesos. Las respuestas deben ser remitidas directamente al Supremo.

Tanto el juez como las partes tienen un plazo común de cinco días para remitir esos informes. Las defensas de los afectados ya se han mostrado favorables a la acumulación de las causas en el Supremo. Cuando reciba los informes de la juez y las partes, el instructor del Supremo tomará una decisión sobre "la pertinencia de la acumulación" de toda la investigación en el Alto Tribunal.

Todo indica que el instructor del Supremo acordará asumir ambas investigaciones, como ya hizo hace unos días con las seguidas en el TSJ contra los seis ex miembros de la Mesa que están bajo su responsabilidad. La Sala del Supremo que acordó admitir la querella de la Fiscalía General ya dejó ver que, dadas las características del delito, era partidaria de no dividir la investigación.

La acumulación de las investigaciones significa que la decisión sobre la puesta en libertad de los 10 encarcelados estará en manos de Llarena, que el pasado jueves rechazó las prisiones incondicionales que reclamaba la Fiscalía contra la presidenta del Parlament,Carme Forcadell, y otros tres diputados. Lo hizo después de que, a diferencia de quienes comparecieron en la Audiencia por rebelión, los afectados respondieran a la Fiscalía, asumieran el 155 y comunicaran que abandonaban la política o que en adelante se limitarían a actuar por las vías legales.

Si los encarcelados adoptan la misma actitud saldrían de prisión. La propia Fiscalía ha informado de que revisaría su petición de cárcel sin fianza si así fuera, lo que forzaría su excarcelación. Si el Ministerio Público no diera ese paso, el instructor podría hacerlo por su cuenta. En estos momentos permanecen en prisión relacionados con el 1-O 10 personas: los líderes de ANC y Ómnium, el ex vicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras y siete ex consejeros.

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Fuente: EL MUNDO