Venezuela secuestrada

Con los cuantiosos recursos fiscales del boom petrolero, el gobierno se dedicó a establecer todo un sistema de subsidios insostenibles en el largo plazo, así como a obstaculizar las actividades económicas del sector privado con tal de acrecentar su control político sobre la población, distorsionando el funcionamiento de los mercados y restringiendo la competencia.

Desde 2007 Hugo Chávez se dedicó a anunciar la expropiación de toda empresa exitosa en la economía venezolana. De esta manera desde compañías eléctricas, petrolíferas, cementeras, financieras, mineras, metalúrgicas, turísticas, aéreas, agrícolas y de telecomunicaciones hasta campos petroleros pasaron a ser propiedad del gobierno. Con la caída de los ingresos por hidrocarburos la fiesta expropiatoria terminó en tragedia. A Nicolás Maduro sólo le queda la amenaza de mantener los locales abiertos, aunque éstos tengan los mostradores vacíos dado que el chavismo destruyó por años distintas cadenas de valor e hizo inviable la provisión de materias primas para la elaboración de productos.

Si las economías democráticas de libre mercado enfrentan retos de crecimiento, el modelo de economía bolivariana mostró muy rápido su notoria inviabilidad. Los criterios equivocados de política pública han prolongado por meses el desabasto extendido de bienes esenciales como alimentos, medicinas y productos de higiene; la capacidad adquisitiva de la clase trabajadora se ve lastimada de manera constante por una inflación descontrolada que, según organismos internacionales, podría cerrar este diciembre por arriba de 700%, en contraste con el supuesto 40% de aumento salarial autorizado por el gobierno de Maduro; además del desaseado manejo de finanzas públicas, el cual tiene calificado a Venezuela como una de las economías con los riesgos país más altos del mundo.

Las instituciones venezolanas están al servicio del abuso de poder. Los contrapesos necesarios en todo régimen democrático están subordinados a un proyecto nacional fallido que controla con total discrecionalidad la actividad productiva, el Poder Judicial, la autoridad electoral y los distintos órdenes de representación política, con altos costos en las condiciones de vida de las familias. En el secuestro de la vida institucional de ese país por parte de Nicolás Maduro, la alianza chavista ha quebrado en reiteradas ocasiones el orden definido en la propia Constitución Bolivariana, ante cada intento legítimo de la Asamblea Nacional y del movimiento opositor por restaurar las condiciones democráticas que por décadas vivió Venezuela.

Nicolás Maduro ha decidido mandar al diablo a las instituciones y gobernar por decreto “con el pueblo”. Por ello, el mandatario venezolano podrá aprobarse a sí mismo el presupuesto nacional 2017 sin requerir la aprobación del legislativo o postergar el calendario electoral oficial para renovar gubernaturas y alcaldías de diciembre de este año al primer y segundo semestre del próximo. Todo ello con la complicidad de un Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo Nacional Electoral a modo, con los cuales viola de manera reiterada lo establecido en la propia Constitución Bolivariana que tanto le gustaba defender a Hugo Chávez en sus intervenciones públicas.

Desde hace unas horas el chavismo y gran parte del movimiento opositor aglutinado en la Mesa de la Unidad Democrática, junto con líderes internacionales, se encuentran sentados en mesas de negociación explorando alternativas de salida a la crisis política. El esfuerzo, convocado por el Vaticano, nace con varios desafíos importantes. Primero, la percepción de que Maduro esté usando el instrumento para ganar tiempo y garantizarle al chavismo su continuidad en la Presidencia al menos hasta 2019. Segundo, más de una decena de agrupaciones de la coalición opositora, entre las cuales se cuenta Voluntad Popular, del encarcelado Leopoldo López, se marginaron de las conversaciones al considerar que no existen condiciones de diálogo con el régimen autoritario. Tercero, será difícil afianzar certidumbre en los acuerdos con una clase gobernante que se ha encargado de agraviar el orden constitucional. Y cuarto, no será sencillo volver a echar a andar los mercados para el adecuado abastecimiento de productos y generación de crecimiento interno. La situación en Venezuela es delicada y los altos costos de mandar al diablo las instituciones son claros. Gran lección para los mexicanos de las rutas políticas que no se deben tomar.

Columnista: Max CortázarImágen Portada: Imágen Principal: Video: Send to NewsML Feed: 0