Sentidos opuestos

Estamos en épocas en las que los intereses de la clase política van en sentido contrario a los intereses de la población; en la que los caminos por donde transitan las decisiones públicas van por rumbo diferente al camino por donde desearíamos los ciudadanos que avanzaran. No hay reunión a la que uno vaya en la que no se hable de la situación por la que atraviesa el país y, sobre todo, de la inseguridad pública que afecta ya regiones donde hasta hace poco la vida era segura y transcurría apaciblemente.
      Amplios sectores de la población perciben un deterioro de su entorno que les afecta su vida cotidiana. Historias urbanas se cuentan, como aquellas que dañan ya a municipios que sufren hoy el embate de la delincuencia, más que organizada, coludida visiblemente con los cuerpos policiacos que —supuestamente— deben estar del lado de los ciudadanos para velar por su bienestar y su seguridad.

Existe la percepción de que a muchos gobernantes ya les da lo mismo “gobernar” en apariencia o dejar sus comunidades a merced “de lo que pase”. De todas formas, la obra pública permite hacer “jugosos negocios” que los vuelve millonarios en tres o seis años. Hay “vacíos” de autoridad que ya fueron llenados por “mafias” que lo mismo operan el “comercio ambulante” que el transporte o la venta de drogas y la trata de personas. A diario aparecen ejecutados, quienes seguramente tenían deudas con los “capos” que todo lo controlan.

La sociedad identifica a la impunidad como el “aceite” que permite el “buen funcionamiento” del engranaje de la delincuencia y de todo lo ilegal. Lo mismo hay impunidad hacia los políticos que se roban el dinero del pueblo que con los criminales que —aun en la cárcel— siguen operando y dando instrucciones a sus grupos delictivos que asesinan, asaltan, secuestran y extorsionan.

Tanto se discutió hace unos meses en el Congreso la implementación de un Sistema Nacional Anticorrupción y hoy la sociedad enfrenta los casos de los exgobernadores de Veracruz, Sonora, Quintana Roo y Chihuahua, cuyas administraciones son señaladas de corruptas e ineficientes. Ahí están ésas y otras entidades endeudadas hasta el “tope”, mientras sus gobernantes se dedican a disfrutar sus fortunas. Poco o nada se ha hecho para agilizar las investigaciones y comprobar si efectivamente hay pruebas de malos manejos por parte de quienes los gobernaron. Lo único cierto de todo es que, en tiempos de dificultades económicas, los ciudadanos somos los que pagamos los “platos rotos” de la corrupción de los gobernantes. Y si no, que lo digan quienes “sufrirán” los recortes al gasto público del año próximo. Áreas prioritarias para el funcionamiento del país no tendrán el dinero suficiente para operar como debería ser porque para eso no hay dinero. Seguridad, educación, agricultura, infraestructura hidráulica de la Ciudad de México y otras más deberán esperar mejores tiempos para tener mayor presupuesto y resolver los problemas que año con año se acumulan en su operación. Y con todas esas carencias presupuestales, todavía hay políticos que aprovechan la impunidad que les da el cargo para robarse el dinero que debería ser para mejorar la vida de los habitantes de una entidad y adquirir lujosas propiedades en el extranjero que ponen a nombre de familiares y prestanombres y “amasar” abultadas fortunas que luego disfrutan ellos y todas sus generaciones a “costillas” de la pobreza de millones de personas. Y ahí, no hay sistema anticorrupción que valga. Signo de los tiempos que nos toca vivir.

Columnista: Martín EspinosaImágen Portada: Imágen Principal: Video: Send to NewsML Feed: 0