La OEA y su paso en la historia política de Nicaragua

“Nicaragua es impredecible en su política. Es compleja, muy difícil de explicar o entender”. Así resumió el representante especial de la Organización de Estados Americanos (OEA), el argentino Sergio Caramagna, cuando le preguntaron sobre cómo veía la situación del país en ese entonces, noviembre del 2003.

El pacto entre el opositor Frente Sandinista y su socio político, el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), cercaba al presidente Enrique Bolaños, acusándolo a él y varios miembros de su gabinete de cometer supuestos delitos electorales, atrapando al país en un tormentoso clima político. La OEA fue llamada por el gobierno de Bolaños para que asumiera, de nuevo, su recurrente rol de mediador para evitar que las fuerzas políticas criollas destruyeran el país en sus tercias por el poder.

La historia política de Nicaragua no puede escribirse sin mencionar el rol de la OEA como mediador histórico y observador electoral. Entre éxitos y fracasos, el organismo regional ha estado presente en las crisis institucionales que ha vivido el país en las últimas cinco décadas.

En 1978, las páginas de LA PRENSA se llenaban con historias de violaciones a los derechos humanos por parte de la Guardia Nacional. La insurrección tomaba fuerza a lo interno de Nicaragua, pero el presidente Anastasio Somoza Debayle no daba muestras de abrir un espacio de diálogo con sus opositores.

El ingeniero Antonio Lacayo, fue el representante del gobierno de Doña Violeta Barrios de Chamorro en las pláticas para el proceso de desarme de 1990, de cual uno de sus principales garantes fue la OEA. LAPRENSA/ REPRODUCCIÓN/ OSCAR NAVARRETE

El llamado de Venezuela

El 6 de septiembre de ese año, a pedido de Venezuela, gobernada entonces por el presidente Carlos Andrés Pérez, la OEA convoca a una reunión de cancilleres para abordar la crisis de Nicaragua, “debido a las recurrentes violaciones a los derechos humanos” por parte del régimen de Somoza Debayle.

“Cumplo con mi deber de evitar que se dé un mayor derramamiento de sangre en una región latinoamericana”, expresó Pérez, según un cable de la agencia de prensa AP publicado por LA PRENSA el 10 de septiembre.
Resultado de dicha reunión de cancilleres se aprobó la visita a Nicaragua de una Comisión Mediadora conformada por embajadores de Honduras, Colombia, República Dominicana y Estados Unidos. El quinto embajador fue de Guatemala, país escogido por Somoza Debayle, quien aceptó la llegada de la delegación. Paralelo se organizó la visita a Nicaragua de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (organismo adscrito a la OEA), encabezada por el delegado de Venezuela.

Sin embargo, el dictador enfrentaba otro problema: las denuncias de Costa Rica de incursiones a su territorio por efectivos de la Guardia Nacional. Los militares en su búsqueda de aniquilar guerrilleros sandinistas ametrallaron poblaciones fronterizas costarricenses. Esto fue abordado por el consejo permanente de la OEA el 23 de septiembre de 1978.

La llegada de la Comisión Mediadora no resultó nada agradable. Fueron cercados en un hotel por la Guardia Nacional y no se permitió a ningún medio de comunicación dar a conocer su primer reporte de la situación política de Nicaragua. Esto desalentó a muchos gremios empresariales del país, que publicaron campos pagados en los diarios dándole la bienvenida a la Comisión Mediadora, con la esperanza de que la solución a la crisis política significara también la salida del atolladero económico.

Condena de la OEA y que Somoza renunciara al poder

No siguieron buenas noticias para Somoza Debayle. Con la Comisión Mediadora y la de Derechos Humanos recogiendo información sobre el caso de Nicaragua, se publicó una entrevista en el semanario Newsweek con el dictador, en donde este respondía a los pedidos de Estados Unidos de renunciar a la Presidencia. “Que venga Carter (Jimmy) y me eche”, dijo con soberbia, dejando claro que no entregaría el poder.

El 14 de octubre de 1978 la OEA se pronunció con una condena en contra de Nicaragua por las acusaciones de Costa Rica. La resolución fue de 19 votos a favor y 4 en contra. El 31 de octubre la Comisión Mediadora abandonó repentinamente el hotel en el cual estaban alojados y se refugiaron en las sedes diplomáticas de sus respectivos países.

El informe que habían preparado sobre la situación de Nicaragua era claro. Cualquier solución a la crisis pasaba por la renuncia de Somoza Debayle. La delegación de la Comisión de Derechos Humanos también emitió un reporte sobre “el clima alarmante de violaciones a los derechos humanos” que se daba en el país. El resto es historia. El dictador desoyó los reportes de ambas instancias, no entregó el poder y meses después, en julio de 1979, fue derrocado por la insurrección popular.

Durante el gobieno de Violeta Barrios de Chamorro, Nicaragua fue sede de la XXIII Asamblea General de la OEA, en 1993. LAPRENSA/ ARCHIVO.

Testigos de la transición

En el marco de las negociaciones de paz que culminaron con la guerra civil, la OEA fue un actor clave, principalmente en el proceso de desarme de la Resistencia Nicaragüense.

Participó como observador electoral activo durante las elecciones del 25 de febrero de 1990, en las que resultó vencedora Violeta Barrios de Chamorro. Su presencia en el país, garantizando la transparencia del proceso, fue uno de los contrapesos que forzó al entonces derrotado candidato presidencial por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el actual presidente inconstitucional Daniel Ortega, a aceptar los resultados de los comicios y reconocer la victoria de Barrios de Chamorro.

“Al llegar al Consejo Supremo hicimos una breve antesala y pasamos al salón que ocupaba el presidente del Consejo, doctor Mariano Fiallos… con él estaban Carter, Joao Baena Soares, secretario general de la OEA, y Elliot Richardson, representante especial del secretario general de Naciones Unidas, Javier Pérez de Cuellar”, contó el exministro de la Presidencia, Antonio Lacayo Oyanguren en su libro La difícil transición nicaragüense, publicado en 2005, para contar los detalles de aquella histórica noche de febrero de 1990. Fue en esa reunión donde se discutió como debía darse la entrega de poder por parte de Ortega, pese a que éste se negaba a reconocer su derrota en las urnas ese 25 de febrero de 1990.

Se creó la Comisión Internacional de Apoyo y Verificación (CIAV), adscrita a la OEA, que acompañó el proceso de desarme de la Resistencia Nicaragüense como un garante del mismo, el cual inició el 20 de abril de 1990.
El 28 de abril de 1993, en el marco de la visita a Nicaragua del secretario general de la OEA, Joao Baena Soares, este entregó al gobierno nicaragüense el denominado Informe de la Comisión Tripartita para alcanzar la paz y reconciliación en el país.

Este detalla la visión del organismo de lo que hasta el momento había sido el proceso de desarme, el cumplimiento de los acuerdos de desmovilización y la necesidad de que el Estado nicaragüense esclareciera los “crímenes con móviles políticos” que se dieron durante el mismo, como el asesinato de algunos de los principales cabecillas de la Resistencia Nicaragüense.

Para 1996, en un contexto mucho más pacífico, la OEA nuevamente hizo presencia en Nicaragua como observador electoral de los comicios que se llevaron a cabo ese año, que culminaron en la elección del caudillo liberal Arnoldo Alemán.

La presencia de la OEA fue un pedido expreso de Alemán, como candidato liberal, quien acusó al Frente Sandinista de estar copando las estructuras del Consejo Supremo Electoral (CSE) para afectarlos en las elecciones. LA OEA plasmó en un informe, presentado un poco antes de las elecciones, irregularidades en el funcionamiento del CSE, principalmente la falta de entrega de 300 mil cédulas de identidad o documento supletorio, equivalente a un diez por ciento de ciudadanos que integraban el padrón electoral.

Santiago Murray, enviado especial de la OEA, se reune con Presidente Enrique Bolaños, cuando el pacto libero-sandinista empezaba a buscar su destitución como mandatario. LAPRENSA/ ARCHIVO.

La crisis del pacto FSLN-PLC

La OEA retomó su rol de mediador político durante la crisis política durante la administración de Enrique Bolaños. Esto incluso desembocó en una visita del mismo secretario general de ese entonces, el chileno José Miguel Insulza, en junio del 2005, a pedido del mismo mandatario, en el marco de lo establecido en el artículo 18 de la Carta Democrática.

A pesar de que la visita del secretario general vino a calmar un poco las aguas, su gestión para mediar en la crisis no fue la más favorable, algo reconocido por el mismo Insulza. “La situación es mucho más difícil de lo que me hubiera imaginado, creo que restablecer el diálogo es más difícil de lo que se hubiera pensado (…). Me he encontrado con una división muy profunda. La misión se hace mucho más difícil cuando uno se da cuenta que entre los posibles interlocutores del diálogo hace mucho tiempo que no se hablan ni siquiera de manera informal. Detrás del conflicto de poderes hay un problema mucho más profundo, mucho más complejo”, dijo Insulza el 20 de junio del 2005. Una ampliación de lo que tres años antes había advertido su mismo representante, al referirse a las crisis institucionales que se daban en el país. Esta fue la última vez que la OEA actuó como mediador en un conflicto político nicaragüense.

Dante Caputo, jefe de la Misión de Observación Electoral de la OEA, visita los Centros de Votación el día de las elecciones nacionales de 2011. El imforme del organismo luego fue desestimado por el Consejo Supremo Electoral. LAPRENSA/ ARCHIVO.

El informe electoral del 2011

La última vez que la Organización de Estados Americanos (OEA) tuvo un rol activo en el juego político en Nicaragua fue para las elecciones presidenciales del 2011, las que el Consejo Supremo Electoral asignó como ganador con un poco más de un 63 por ciento al Frente Sandinista.

En esa ocasión la OEA participó con una Misión de Observación Electoral (MOE) compuesta por 65 observadores electorales internacionales, provenientes de 17 Estados miembros del organismo.

Luego de los comicios la OEA entregó un informe conteniendo ocho recomendaciones al Consejo Supremo Electoral para mejorar los mismos. Además, denunció los obstáculos para poder realizar su trabajo de observación e irregularidades, como el control de la cedulación por el Frente Sandinista. El gobierno del presidente Daniel Ortega desde ese año sepultó el rol de la OEA como observador electoral.

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Fuente: LA PRENSA