Cautivo en cárcel pese a orden de salida

Cerca de un año y cuatro meses ha permanecido ilegalmente en prisión Yamil Arceta Rizo, luego que el Tribunal de Apelaciones en el Caribe Norte ordenó su libertad después de revocar una sentencia en su contra en la que un juez de primera instancia lo declaró culpable y lo sentenció a doce años de cárcel, junto a otras tres personas, por un crimen ejecutado en Siuna, en noviembre del 2013.

“Se revoca en su totalidad la sentencia dictada por el juez de Distrito Penal de Juicio de Siuna contra Yamil Arceta Rizo y se ordena su inmediata libertad”, sentenció el Tribunal de Apelaciones el 18 de septiembre de 2015.

Esta fue la resolución a una apelación introducida por el abogado defensor Carlos Baltodano. En la misma ese tribunal determinó también la reducción de la pena de 12 a cinco años para los otros dos: Harvin Armando Blanchar Zeledón y Juan Carlos Benavidez Zelaya, quienes en primera instancia también fueron declarados culpables del homicidio contra Amilcar Lanzas Alfaro. Arceta guarda prisión en la cárcel de Waswalí, Matagalpa, adonde los remitió el juez de Siuna a petición de su defensor.

La semana pasada el asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Pablo Cuevas,  denunció una situación similar que ocurre con el exlíder de los “Cachorros de Sandino” , Marvin Vargas, que desde el 7 de noviembre del año pasado cumplió condena y sigue guardando prisión.

Baltodano considera que en esta negativa del Sistema Penitenciario Nacional (SPN) de poner en libertad a su representado incurren en los delitos de desacato a la autoridad, abuso de autoridad y detención ilegal. Y tanto la Fiscalía como el mismo Poder Judicial deberían evitar que sigan cometiendo estos delitos, dijo el abogado, quien considera que los jueces deberían hacer valer sus órdenes y si no, proceder a acusar a las autoridades del Ministerio de Gobernación y SPN, pero esto demuestra que “los jueces dejaron de ser jueces y son amanuenses con facultades de firma”.

No es un caso, ni dos…

El abogado defensor mencionó como ejemplo, que ha conocido que en Estelí hay antecedentes de varios casos donde el sistema judicial ha impuesto multas a las autoridades penitenciarias del sector, pero esto únicamente es un procedimiento administrativo, cuando el Estado está obligado a resarcir a esa persona que permanece presa ilegalmente con el salario que el hombre debió devengar durante este período que ha estado encarcelado, sumado a esto el daño moral y emocional que esto le provoca que son valores incalculables.

El hecho fue cometido en Siuna el 24 de noviembre de 2013, donde tras una riña murió Lanzas Alfaro de una estocada de la cual se señala que la propinó Javier Ismael Oliverio Flores, quien fue arrestado seis meses después del suceso, pero fue puesto en libertad porque no acudieron los testigos, el forense ni la Policía.

El caso aún está en la Corte Suprema de Justicia adonde Baltodano recurrió a favor de los otros dos detenidos, puesto que son los únicos detenidos cuando el principal sospechoso de perpetrar el crimen está en libertad.

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Fuente: LA PRENSA