Lucha concertada en pro del Medicaid

Washington - Los esfuerzos para integrar al plan federal de salud infantil (CHIP) una asignación que brinde estabilidad al sistema salubrista de Puerto Rico van a quedar en manos del liderato del Congreso y pueden extenderse más allá de finales de mes, cuando técnicamente expira ese programa.

En momentos en que aceleraban la presión a favor de que CHIP sea el vehículo legislativo que permita mantener en unos $1,600 millones el nivel de asignaciones anuales del programa Medicaid a la isla, ese fue el mensaje principal que recibieron de funcionarios del Congreso varios representantes de la industria de la salud.

Oficialmente, la ley que autoriza los fondos del plan CHIP vence el 30 de septiembre. Pero, a todos los estados y territorios les quedan fondos hasta diciembre, por lo que varias   fuentes del Congreso ven una inclinación a que no se reautorice la ley o se refinancie el programa hasta finales de año.

“Conversaciones partidistas productivas continúan en torno a extender el financiamiento de CHIP”, indicó ayer Jennifer Sherman, portavoz del subcomité de Salud de la Comisión de Energía y Comercio de la Cámara baja.

Tras reuniones que incluyeron ayer al asesor de Política Pública del speaker Paul Ryan, Matthew Hoffman, el presidente de la Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage (MMAPA) y principal funcionario ejecutivo de Triple S en Puerto Rico, Roberto García Rodríguez, subrayó que hay incertidumbre de si la reautorización se producirá a finales de este mes.

“Un funcionario, nos dijo que si hubiésemos hablado hace un mes estaría afirmando que se va a reautorizar, pero con los eventos recientes, los huracanes, las prioridades han cambiado”, indicó García Rodríguez.

En las reuniones que tuvieron junto al cabildero Jerry Weller, asesor  de la Asociación de Hospitales de Puerto Rico, los representantes de  MMAPA se centraron ayer en el tema de Medicaid.

Las reuniones de los representantes de la industria de salud incluyen – entre ayer y hoy-, a asesores del líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), del jefe de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), y del portavoz demócrata en el Comité de Finanzas del Senado, Ron Wyden (Oregón), entre cerca de dos decenas de citas.

Los representantes del Frente por Puerto Rico - que la semana pasada tuvieron cerca de 40 reuniones sobre los reclamos de un mejor acceso a Medicaid - dedican su segunda ronda de visitas a oficinas del Congreso a hablar del tema de la reforma contributiva federal, según la Administración de Asuntos Federales (Prfaa).

Los planes del liderato de la mayoría republicana del Congreso y del presidente Donald Trump son hacer un empuje este otoño a favor de una reforma contributiva federal, que puede impactar la isla. Las autoridades y el sector privado de Puerto Rico buscan insertarse en cualquier legislación queproponga cambios al sistema contributivo federal, para  promover  la inversión en la isla y proteger los beneficios que ya tienen, incluido los de las Corporaciones de Control Foráneo (CFCs).

Pero, a corto plazo, la atención del gobierno y la industria de la salud de la isla estará este mes  en si se reautoriza o se refinancia CHIP. El gobernador Ricardo Rosselló, por ejemplo, tiene reuniones mañana, jueves, en el Congreso que incluirían el tema de Medicaid y  a la líder de la minoría cameral, Nancy Pelosi.

“En términos de integrar los fondos de Medicaid a CHIP, se espera por el liderato republicano”, dijo una fuente del Congreso que prevé que el tema llegará – sea a finales de mes o del año-, a manos del speaker Paul Ryan y Pelosi.

La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, quien ayer se reunía también con los representantes de la industria de salud, ha indicado que el speaker Ryan le señaló que CHIP es el vehículo ideal para tratar de resolver el agotamiento de los fondos de Obamacare.

La Cámara baja tiene apenas seis días más de sesión este mes, pues recesa mañana hasta el 25 de septiembre.

Como el gobierno de Puerto Rico, el mensaje de los representantes de la industria de salud ha acentuado que por lo menos debe extenderse el mismo nivel de asignaciones – unos $1,600 millones-, que ha recibido la isla en fondos de Medicaid.

Pero, las asignaciones que aporta la ley Obamacare, que suman unos $1,200 millones anuales, se agotan en abril, dejando de inmediato un hueco de $369 millones en el presupuesto tradicional de Mi Salud, que es financiado casi un 60% por Medicaid.

“Estados Unidos debe determinar si está dispuesto a proporcionar a Puerto Rico un alivio contributivo adicional sin obtener nada a cambio”, indicaron Richard Reeves y Katherine Guyot, investigadores del influyente grupo de estudio de la Institución Brookings, en un artículo de opinión en el que acentuaron la grave crisis fiscal de la Puerto Rico.

Para Weller, el cabildero de la Asociación de Hospitales y quien fue congresista republicano por Illinois, el sistema de salud de la isla “se mueve de crisis en crisis”.

“La falta de certidumbre (sobre el financiamiento de Medicaid) limita los servicios”, agregó.

Ante el hecho de que los fondos de CHIP no se terminan hasta finales de año, Weller resaltó que el Congreso suele ponerse las pilas cuando se enfrenta a “fechas límite”.

La semana pasada, el presidente del Comité de Finanzas del Senado, el republicano Orrin Hatch (Utah), dijo que lo primero que tienen que decidir es si reautorizan el programa – lo que supone revisar su funcionamiento-, o se limitan a refinanciarlo.

El tema tributario

Por su parte, los representantes del Frente por Puerto Rico – que incluyeron al exgobernador Aníbal Acevedo Vilá-, centraron sus reuniones de ayer en el tema de la reforma contributiva.

Junto a Acevedo Vilá participaron de las reuniones – coordinadas por Prfaa -, el cabildero Weller, esta vez en representación de la Asociación de Industriales; John Motly, de la Cámara de Mercadeo, Industria y Distribución de Alimentos (MIDA); Jorge Socca, del Centro Unido de Detallistas (CUD); José Salvatella, de la Asociación de Restaurantes de Puerto Rico;  y Ramón Ponte, del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico.

 La mayoría de las reuniones de funcionarios de Prfaa y de la industria privada fueron con miembros republicanos del Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara baja, que manejará el tema de la reforma contributiva.

Acevedo Vilá fue junto al subdirector de Prfaa, George Laws García – quien asumió ese puesto este mes-, a reunirse con la congresista demócrata Michelle Luján Grisham (Nuevo México), presidenta del Caucus Hispano del Congreso. A Lujan Grisham le hablaron también de Medicaid.

Pero, Acevedo Vilá había programado sus propias reuniones con los asesores contributivos del líder de la minoría demócrata del Senado, Charles Schumer (Nueva York), y los republicanos Roger Wicker (Misisipi) y Richard Burr (Carolina del Norte).

Acevedo Vilá indicó que por el momento los republicanos no han compartido los detalles de su plan de reforma contributiva, pero en la oficina de Schumer le indicaron que están conscientes de que si los cambios incluyen el sistema tributario para empresas en el extranjero, la situación de Puerto Rico deberá ser tomada en cuenta.

La percepción que obtuvo el exgobernador de las reuniones es que, aunque los republicanos van a presentar en unas semanas su proyecto de reforma contributiva, la falta de consenso dentro de su propio partido hará que el debate se prolongue a 2018.

La comisionada González, por su parte, dijo que llevó el pasado viernes al presidente del Comité de Medios y Arbitrios, el republicano Kevin Brady (Texas), las iniciativas que quiere convertir en proyectos de ley para enmendar los programas de zonas de desarrollo económico, empresarial y renovación comunitaria.

Sus propuestas incluyen otorgar créditos a empresas en jurisdicciones deprimidas económicamente por inversión en inmuebles comerciales, depreciación de la propiedad, rehabilitación de edificios, ganancias de capital y actividades de investigación y desarrollo.