Rosselló le pasa a la contralora la pesquisa del contrato a Whitefish

El gobernador Ricardo Rosselló solicitó hoy a la Oficina del Contralor que realice una investigación y auditoría sobre el proceso de contratación de la compañía Whitefish Energy Holdings por parte de la compañía estatal Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

El Ejecutivo puertorriqueño informó a través de un comunicado de que Rosselló refirió a la contralora Yesmín Valdivieso el informe que rindió el director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), José Marrero.

El informe referido establece que -aunque la AEE posee amplias facultades y flexibilidad para contratar durante un periodo de emergencia- la información recopilada en el término concedido "no es suficiente para concluir si la contratación cumplió con todos los requisitos establecidos en la ley orgánica de la corporación y la reglamentación aplicable".

El director de la OGP solicitó, además, que la información recopilada se envíe a un organismo con la pericia y los recursos para realizar una investigación más exhaustiva sobre el proceso de contratación.

El primer ejecutivo solicita dicha investigación a tenor con los poderes que establece la Constitución y la Ley 9, a fin de certificar el cumplimento con los requisitos legales y administrativos.

El comunicado recuerda que durante las pasadas semanas se han levantado una serie de dudas en relación con el proceso de contratación de la empresa Whitefish Energy que contrató la AEE para el restablecimiento de la red energética de la isla, completamente destrozada tras el paso del huracán María el 20 de septiembre.

El gobernador solicitó una auditoría al director de la OGP sobre el proceso de contratación de dicha compañía y concedió un plazo de 48 horas para realizar la tarea.

La Oficina del Contralor de Puerto Rico está encargada de fiscalizar las transacciones de la propiedad y los fondos públicos, además de procurar el uso efectivo y eficiente de los recursos del Gobierno, a tenor con el Artículo III, Sección 22 de la Constitución de Puerto Rico y la Ley 9 de 24 de julio de 1952.