Testigo: suboficiales PNC pactaron canjear celulares por armas

Las 482 armas de fuego, algunas en mal estado, que las pandillas entregaron a las autoridades durante la tregua de pandillas no fueron producto de un acto espontáneo, de acuerdo con la investigación fiscal, sino que se trató de una acción pactada deliberadamente por dos suboficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).

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Uno de los fiscales encargados del proceso judicial sobre la tregua entre pandillas, en el que están acusadas 21 personas, la mayoría exfuncionarios de la Dirección General de Centros Penales (DGCP), de otorgar beneficios a las pandillas y de introducir objetos ilícitos a las prisiones, dijo que los suboficiales de la Policía Roberto Castillo Díaz y Luis Aguilar Marín, dos de los procesados, pactaron con los cabecillas recluidos en centros penitenciarios que entregaran armas a cambio de celulares.

Un testigo criteriado, acusado que ofreció declarar a cambio de beneficios judiciales, le contó a la Fiscalía que ese acuerdo fue pactado después de marzo de 2012, cuando se concretó el traslado de 30 cabecillas de pandillas del penal de máxima seguridad de Zacatecoluca a varias prisiones consideradas ordinarias y con controles menos rigurosos.

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El testigo aseguró que Castillo Díaz fue el encargado de introducir los celulares a las prisiones bajo la fachada de pollo empanizado. El criteriado les ha dicho a los fiscales que él mismo se encargó de empaquetar los teléfonos en cajas de pollo empanizado y luego los ocultó con otras cajas que sí contenían pollo “recién comprado, para despistar”. Además de los celulares, el testigo dijo que también hubo ingreso de chips y cargadores a las cárceles donde estaban recluidos los pandilleros trasladados.

El criteriado también aseguró que en una ocasión el suboficial Castillo Díaz introdujo una caja de zapatos al penal de Izalco para Carlos Alberto Rivas Barahona, alias “Chino Tres Colas”. Los custodios encontraron adentro del calzado un teléfono celular.

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La fiscalía sostiene que los suboficiales de la Policía tenían todas las facilidades para pactar con los pandilleros esas entregas porque fueron los primeros que tuvieron reuniones con los cabecillas de las pandillas en el centro penal de máxima seguridad de Zacatecoluca, incluso antes de que se sumara Raúl Mijango.

Manuel Chacón, defensor del exdirector de Centros Penales y del exinspector de los centros penitenciarios, Anílber Rodríguez, dijo que “el hallazgo de celulares no es algo que solo ocurrió en esa época de la tregua. Si hacemos una requisa ahora, seguro hallamos teléfonos”. Agregó que las declaraciones de un pandillero, bajo la figura de criteriado, no tienen validez porque se trata de “un delincuente”.

La fiscalía defendió el uso del criteriado bajo el argumento de que es “una herramienta jurídica”. Además, dijo que la defensa no ataca los argumentos de las pruebas.

Más investigados

Guadalupe Chavarría, jefa fiscal de la Unidad Antipandillas, dijo ayer que la FGR no ha concluido la investigación sobre posibles delitos que se cometieron durante la tregua entre pandillas.

“La investigación no está concluida. Existe la posibilidad de incluir a otras personas, pero tenemos que hacer análisis muy objetivos de esos casos”, dijo la jefa fiscal tras una visita relámpago que hizo ayer a la sala donde se desarrolló el segundo día de la audiencia preliminar del caso.

La jefa fiscal respondió así a la pregunta de por qué el dictamen de acusación responsabiliza al ministro David Munguía Payés al frente de la tregua y no está siendo procesado. El documento dice que “se logra concluir que el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Payés, fue el creador, ideólogo, promotor y principal defensor de la tregua, ello tomando en cuenta que no podía haberse efectuado el traslado de líderes de pandillas sin su conocimiento y autorización”.