INAU: 333 casos de explotación sexual de menores el año pasado

El Instituto del Niño y Adolescente (INAU) y el Conapees (Comité Nacional Interinstitucional que busca la erradicación de la explotación sexual ) identificaron en todo el país el año pasado 333 casos de explotación sexual, algunos de los cuales ya están en la órbita judicial.

Al menos un caso, originado en el interior del país, fue denunciado ante un juzgado de Crimen Organizado, dijeron ayer, las autoridades de dichos organismos.

El año pasado hubo promedialmente 20 casos detectados por departamento, aunque algunos superaron por bastante la media, como Tacuarembó, Canelones (más de 30) y Montevideo (26).

El INAU fue el organismo que puso en conocimiento del Poder Judicial en agosto pasado una denuncia que derivó en el involucramiento de 12 propietarios y guardas de la empresa Cutcsa que abusaron sexualmente de tres mujeres menores en las cercanías de la terminal del Cerro durante 4 años. (Ver aparte)

Marisa Lindner, presidenta del INAU, dijo que la información partió de "referentes educativos" y organizaciones no gubernamentales del oeste de Montevideo, aunque no quiso dar más especificaciones. Las jóvenes están con sus familias y estaban vinculadas a emprendimientos educativos aunque Lindner no quiso especificar si iban al liceo. El INAU buscará colaborar con el proceso de recuperación de las menores.

Las jóvenes le dijeron a la jueza especializada en Crimen Organizado, María Elena Mainard, que recibían desde dinero para un boleto ($ 30) hasta recargas de celulares para participar en encuentros sexuales con los hombres cuando estos estaban en la terminal. Desde el punto de vista legal es irrelevante el consentimiento de la víctima a las relaciones sexuales, ya que nadie puede aceptar su propia su explotación siendo menor de edad. El pago o promesa de pago a niños, niñas y adolescentes por sexo es un delito penal y sobre quien lo comete puede recaer una pena de entre dos y 12 años de cárcel, según el artículo 4 de la ley 17.815.

Conapees asume que hay "subdeclaración" de los casos de explotación sexual, aunque se ha incrementado la cantidad de denuncias que en el trienio 2006-2009 no pasaron de 20, dijo su presidente, Luis Purtscher. En algunos casos la explotación la sufren personas "trans", agregó.

Las zonas más vulnerables del país son, explicó, los puntos fronterizos, los puertos y los lugares de espera de camiones y la gran mayoría de las víctimas son mujeres en situación de vulnerabilidad social que muy frecuentemente han sufrido violencia intrafamiliar.

Lindner exhortó a denunciar situaciones de violencia, maltrato o explotación sexual que involucren a menores a través de la Línea Azul (0800 5050) y el correo [email protected] En 2016 se recibieron 2.117 denuncias.

Purtscher coordinó una investigación publicada en 2014 denominada "Un secreto a voces, percepciones sobre la explotación sexual comercial en Montevideo Oeste" para la cual los autores conversaron con referentes de la zona y escribieron que "las entrevistas también señalan a los taxistas y transportistas en este papel de explotador-facilitador articulando el circuito y la movili- dad de las situaciones de explotación".

El informe pedía una mayor presencia del Estado e identificaba zonas que los habitantes percibían como de riesgo para niños, niñas y adolescentes. Ellas son los parques Vaz Ferreira y Punta Yeguas, las terminales de ómnibus en el Cerro y Santa Catalina, las calles Cibils, Carlos María Ramírez y Grecia, las intersecciones de Tomkinson y Luis Batlle Berres, las rutas nacionales 1 y 5 bajo los puentes; y los barrios Las Torres, Casabó, Los Bulevares, Cerro Norte.

Lo que había en los buses

Se encontraron preservativos y juguetes eróticos en los vehículos que conducían las personas investigadas en el caso de explotación sexual de la terminal del Cerro, dijeron a El País fuentes de la investigación del caso. La edad de los hombres investigados es de entre 40 y 50 años. Tenían un grupo de WhatsApp.